Desde el periodico “La Jornada”
Alfredo López Jiménez señala que el padre de una menor que huyó con su novio pagó de 20 a 40 mil pesos para que lo sentenciaran a él y a su esposa.
Hermann Bellinghausen
Publicado: 13/10/2011 14:11
México, DF. Alfredo López Jiménez cumplió hoy 15 días en huelga de hambre en el penal de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y otros tantos en ayuno su esposa Rosa López Díaz. Originario de Chimhukóm, municipio de Mitontic, fue detenido junto con ella el 10 de mayo de 2007 en San Cristóbal por hombres que no se identificaron. Sufrieron tortura y terminaron sentenciados a 27 años de prisión, acusados de un secuestro que nunca existió.
Alfredo narra: “Cuando habíamos pasado por torturas, nos dijeron que nos estaban llevando por prestarle la casa a un amigo, que había ido ahí con Claudia Estéfani Gómez Méndez, a quien mi primo Juan Collazo había enamorado y ‘robado’, que según las costumbres es cuando una muchacha se va con un hombre sin que éste pague el dote a los padres; esto no es un secuestro. La hermana de Claudia anteriormente había hecho lo mismo con otro hombre”.
Le preguntaron por la joven y contestó que estaba “con su marido, Juan”. Lo llevaron a la casa y lo dejaron amarrado en el carro. “Juan y Claudia estaban comiendo. A él lo detuvieron y a Claudia un policía le dio una cachetada. Después me llevan con los ojos vendados a un lugar donde escuché los gritos de alguien que estaba pasando por la tortura”.
Le colocaron una bolsa de plástico en la cabeza y una franela húmeda en la boca para asfixiarlo. Recibió golpes y toques eléctricos para que confesara que recibió 600 mil pesos. El mismo 10 de mayo lo trasladan al Ministerio Publico (MP). Allí les advirtieron a él y su mujer: “Si no se confiesan culpables, los vamos a matar”.
“Estábamos tan heridos y cansados que nos confesamos culpables”, cuenta Alfredo, quien pasaría 15 días en cama sin atención médica. El MP lo obligó a firmar hojas en blanco y otras que no leyó. No tuvo abogado ni traductor.
El 12 de mayo lo trasladan al penal de San Cristóbal de las Casas. No declaró ante personal del MP. El médico encargado de su revisión “nunca vio los golpes que traía, ni que mi testículo estaba ‘desbridado’”.
Rafael Gómez Santis (padre de Claudia, la supuesta víctima) los acusó de “secuestro”, ya que su hija era menor de edad. Según Alfredo, ésta “optó por irse de casa el 9 de mayo” con su novio. Sospecha que Gómez Santis pagó entre 20 y 40 mil pesos para que los sentenciaran. Durante el proceso, Alfredo, Rosa y sus primos Pedro y Juan solicitaron careos y presentaron testigos, recolectando firmas de que son personas honorables. Fue inútil.
El 13 de abril de 2010 se ratificó la sentencia y lo trasladaron sin razón al penal de Tonalá, donde Alfredo y tres presos más realizarían una huelga de hambre del 4 de noviembre al 6 de diciembre, y consiguió regresar al penal de San Cristóbal. El secretario de Gobierno, Noé Castañón, le mandó decir que saldría libre en dos meses. Han pasado diez.
Alfredo y Rosa tienen dos hijos, de cuatro y dos años; el primero, quien vive con familiares, nació en el penal con parálisis cerebral, quizás causada por la tortura. El segundo vive con ella en la cárcel.
Rosa, de 34 años, también fue torturada y golpeada en el estómago hace cinco años. Pidió que se detuvieran porque estaba embarazada, “pero no pararon”. La metieron en un cuarto, la desnudaron, amenazando con violarla si no decía que secuestró a Claudia. “Cómo voy a decir algo que no he hecho”, replicó. Uno de los agentes la tiró al piso, otros dos la agarraron intentando violarla.
Rosa cuenta que en ese momento dijo: “No me violen, estoy embarazada”, y uno de sus agresores le dice: “Si dices que lo hiciste, no te hacemos nada”. Entonces Rosa les dice que sí, que había secuestrado, aunque es falso, ni siquiera conocía a la “secuestrada”.
Rosa ha denunciado en varias ocasiones las condiciones del sector femenil de la cárcel. Ahora la amenazan con quitarle a su hijo menor si no deja el ayuno.