Organizaciones de la sociedad civil mexicana y Derechos Humanos presentan informe conjunto documentando crímenes por tortura y tratos inhumanos cometidos por el estado en contra de la población más vulnerable. Entre los casos se incluyen los testimonios de los presos en huelga de hambre en Chiapas.
En esta semana se reúnen en la sede de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, diversas organizaciones de Derechos Humanos mexicanas con el Comité de la ONU contra la tortura1. En este encuentro se pretende evidenciar y denunciar una vez más el uso sistemático de esta práctica que engloba la tortura sexual, física y psicológica, y plantear estrategias para erradicarla. En la agenda a tratar figuran además temas transversales como son el desplazamiento y desaparición forzada, así como la detención arbitraria empleada regularmente por policías y miembros del sistema de justicia mexicano, como apunta en su informe especial Amnistía Internacional2.
Aunque el uso de la tortura se da en diversos contextos, incluyendo la represión de la protesta social, un porcentaje muy importante de los casos registrados se da entre los grupos sociales mas vulnerables como son las poblaciones campesinas, indígenas y/o pobres, según el patrón “detención arbitraria-tortura-producción de pruebas ilícitas-proceso penal (y posible condena) a la víctima”3. La situación de encierro arbitrario que padecen miles de personas en México es consecuencia directa de la aplicación de la tortura en el momento de su detención con la finalidad de fabricar pruebas incriminatorias y arrancar declaraciones autoinculpatorias4.
Este tipo de injusticias son las que llevaron a 6 presos en lucha5 a iniciar desde el 15 de Marzo del presente año una huelga de hambre indefinida, a la cual se adhirieron otros presos en solidaridad, coordinados desde diferentes penales del estado de Chiapas, en exigencia de justicia y libertad. Esta acción política extrema, que pone en riesgo su propia vida, se da ante la impasividad del sistema de justicia mexicano por revisar sus expedientes repletos de graves violaciones al debido proceso jurídico. La mayoría de los presos son sobrevivientes de tortura aplicada en su contra por las autoridades que los detuvieron con el objetivo de obtener declaraciones autoinculpatorias.
A 42 días del inicio de esta acción límite, tanto las familias como los representantes de los presos han conseguido llamar la atención de las autoridades competentes y reunirse alrededor de una mesa de diálogo con el Secretario de Gobierno, Ismael Brito Mazariegos, el cual se ha comprometido a revisar sus expedientes y a atraer los casos a la instancia única en el país operada por el Tribunal Superior de Justicia denominada Mesa de Reconciliación.
Sin embargo, y a pesar de las miles de denuncias por tortura recibidas por la Procuraduría General de la República, la voluntad estatal por investigar a las autoridades responsables y condenar este tipo de prácticas a sido cuestionada y denunciada históricamente en innumerables ocasiones6. A ello se suma la dificultad de demostrar el uso de la tortura cuando no hay registros de la misma, debido a que no consta en las declaraciones por coacción de los detenidos, ni suele ser documentada como tal por los peritajes médicos realizados por la PGR, como señala el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos7.
Los declaraciones de tortura de los presos son únicamente una muestra representativa de los miles de testimonios y denuncias por tratos crueles, inhumanos y degradantes que constarán en el informe elaborado por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, en colaboración con organizaciones alternativas de la sociedad civil mexicana, que será presentado y discutido ante el Comité de las Naciones Unidas contra la tortura en estos días8.
Esta reunión se da tan solo dos semanas después de la visita que realizó a México la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, en la cual expresó su preocupación al dimensionar la crisis en materia de Derechos Humanos por la que atraviesa el país, así como por los alarmantes índices de violencia que sufre la población mexicana. “México tiene cifras de muertes violentas propias de un país en guerra: 252.538 desde 2006. A la par, existen 26.000 cuerpos sin identificar registrados por el Estado y se han localizado más de 850 fosas clandestinas. Estos datos son aterradores”9.
Desde el año 2003 la tortura fue declarada sistemática en México por el propio Comité de la ONU contra la tortura, y desde entonces la comunidad internacional ha venido haciendo “recomendaciones” a México en cuanto a materia de Derechos Humanos10. Sin embargo los intereses económicos en México a nivel internacional priman sobre las exigencias de poner fin a estos crímenes, por ello 16 años después las organizaciones de la sociedad civil se encuentran nuevamente ante esta instancia internacional denunciando lo mismo. El nuevo Gobierno de México está obligado a responder ante estas acusaciones. ¿Seguirá mirando para otro lado o tomará cartas en el asunto?
El encuentro será retransmitido en vivo a través del enlace oficial http://webtv.un.org/live y se podrá seguir en las redes sociales a través del hashtag: #CAT66
El Comité publicará sus conclusiones el 17 de mayo y sostendrá una conferencia de prensa para informar de las mismas.
Artículo elaborado por el Grupo de Trabajo No estamos todxs
1 https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=1256&Lang=es
2 https://www.amnesty.org/download/Documents/AMR4153402017SPANISH.PDF
3 http://centroprodh.org.mx/wp-content/uploads/2018/11/MagnitudCrisisDHMexico2.pdf
5 http://noestamostodxs.tk/presoschiapas/
6 http://www.hrw.org/es/reports/2011/11/09/ni-seguridad-ni-derechos
7 http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Mexico2016-es.pdf